El Gobierno tendría así un marco regulatorio que también le permitiría fijar cupos de producción y propiciar beneficios fiscales o impositivos, así como imponer normas restrictivas relativas al traspaso de acciones.
El proyecto oficial planteará que quienes controlen Papel Prensa deberán impulsar una política de mayor inversión para que no deba importarse el insumo y todo sea de producción nacional, dijo la presidenta Cristina Kirchner.
Además, señaló que esa ley también impulsará la construcción de una Comisión Bicameral de Seguimiento, porque el Gobierno buscará "someter al Parlamento también el control de Papel Prensa".
La diferencia entre una empresa operada sólo por accionistas privados y la otra considerada como de "interés público" es que su actividad ya no será considerada como un mero negocio con fin de lucro, sino que su abastecimiento será señalado como elemental para la sociedad y no podrá sufrir interrupciones. De esta forma, el Estado podrá subsidiar la producción, distribución, circulación y consumo del papel para diarios y establecerá un mismo precio del producto para pequeños, medianos y grandes consumidores.
El Congreso deberá definir también el ente regulador para que controle la provisión del servicio público a todos los ciudadanos del país que lo demanden, un órgano que deberá ser independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los entes reguladores fueron creados en la década de 1990 por leyes del Congreso y poseen un status jurídico diferenciado del de los ministerios y demás dependencias del Poder Ejecutivo.
